El final del confinamiento por el coronavirus Covid-19 traerá un colapso en los juzgados españoles. El Gobierno ha anunciado que aprobará en las próximas semanas un conjunto de modificaciones legislativas para agilizar la Justicia, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una propuesta con diversas recomendaciones. Sin embargo, sorprende que no se haya puesto sobre la mesa la necesidad de convertir la mediación en uno de los pilares de este plan de descongestión judicial.
La mediación civil y mercantil es un procedimiento para resolver conflictos de forma extrajudicial. Las partes que están enfrentadas llegan a un acuerdo, con la ayuda de un mediador profesional, que es totalmente vinculante y que puede tener la misma ejecutividad que una sentencia judicial si se lleva ante el Notario. La mediación está regulada por ley en España desde 2012 y algunas de las ventajas de la mediación son que se trata de un método rápido, barato y eficaz para resolver desavenencias. Y es que puede ahorrar mucho dinero a individuos y empresas, pero también al Estado. Por eso es tan extraño que ni el Gobierno ni el CGPJ hayan sugerido que la mediación sea obligatoria como paso previo a la reclamación judicial. Sobre todo teniendo en cuenta que en España el número de mediadores es lo suficientemente elevado como para absorber parte de los conflictos que acabarán en juicio.
También extraña que Gobierno y CGPJ no hablen de mediación cuando en otras jurisdicciones, como la social, antes de presentar una demanda (por despido, por impago de salarios, etcétera) es obligatorio acudir a conciliación, una especie de mediación. Incluso si se llega a juicio, en el propio juzgado tiene lugar una conciliación previa para alcanzar un acuerdo y evitar el litigio. Un 23% de los casos laborales se resuelven en conciliación y no van a juicio.
La propuesta de Pactio Mediación es que el Gobierno, aprovechando la situación de crisis y emergencia, dé a la mediación civil y mercantil la importancia que se merece. Desde luego, desarrollar una mediación no puede ser requisito obligatorio para poder plantear una demanda, pues sería inconstitucional. Pero sí se puede obligar a que las personas y empresas intenten una mediación (por ejemplo, asistiendo a una sesión informativa) antes de poder plantear una demanda en un juzgado, como ya sucede en la jurisdicción social.
Un buen punto de partida para regular la obligatoriedad de acudir a un procedimiento de mediación es el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación que se aprobó a principios de 2019, pero que por la convocatoria de elecciones no se llegó a tramitar en el Congreso de los Diputados. Este anteproyecto contiene las pautas básicas para que el Gobierno configure la mediación como una de las soluciones al colapso de la Justicia. Así, el proyecto recoge:
- Lo obligatoriedad de intentar una mediación antes de plantear una demanda en determinados asuntos, como alquileres, reclamaciones de cantidad de poca cuantía, herencias, cuestiones de familia, conflictos entre socios empresariales, etcétera.
- También se impone la obligatoriedad de intentar la mediación antes de presentar demandas hipotecarias o ejecuciones hipotecarias. Este es un escenario muy importante que se producirá con toda seguridad una vez que termine el confinamiento, pues muchas personas no podrán pagar de forma regular sus hipotecas al haberse quedado sin ingresos o sin trabajo.
- Se contempla la posibilidad de que los propios jueces deriven a mediación los litigios que consideren que se pueden resolver por esta vía.
Aunque el anteproyecto se puede mejorar en algunos puntos, es una buena fuente de partida para descongestionar los juzgados y dar a la mediación la importancia que merece en el imaginario de la sociedad para resolver conflictos. El Gobierno puede aprobar mediante real decreto-ley las modificaciones legislativas necesarias en la Ley de mediación y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras que en el Congreso de los Diputados se puede dar forma a otras modificaciones que permitan usar la mediación como ayuda a las personas y empresas para resolver de forma rápida sus desavenencias.
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